El pasado 21 de septiembre se celebró el Día Mundial del Alzheimer, la forma más común de demencia. Los investigadores intentan encontrar un fármaco que cure la enfermedad, pues solo se sabe que ciertas medidas retrasan su inicio. En España, la atención médica y social es insuficiente, y la jurídico-legal está por llegar. Recientemente, la Audiencia de Barcelona desestimó un recurso de apelación sobre las denuncias relacionadas con malos tratos a una persona mayor con Alzheimer; denuncias de la familia y de una institución tutelar, con múltiples intervenciones de los Mossos de Esquadra. La Audiencia considera que «los hechos del expediente resultan más graves desde la perspectiva social que desde la jurídica. La reiteración de los incidentes da una sensación de mayor gravedad. En todo caso, de reiterarse los incidentes, que estos sean valorados de nuevo objetiva e independientemente».Hace años, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas llamaron la atención a los gobiernos y les instó a que considerasen la demencia como un problema de salud pública. La atención enfatiza la doble discriminación que la persona sufre, por la edad y por la enfermedad. En Noruega, Suecia, Alemania, el Reino Unido y, recientemente, en Francia, se han desarrollado planes nacionales para el Alzheimer. En nuestro país, no existen. Por desgracia, en la práctica, lo que se puede observar son sentencias, como la anterior, demasiado incomprensibles. A la sociedad le preocupan la violencia de sexo y los abusos cometidos con niños, pero no es consciente, o prefiere ignorarlo, de que también hay una violencia contra los mayores y contra quienes sufren esta devastadora enfermedad.
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