Roberto Bécares | Madrid
Actualizado viernes 05/11/2010
En las oficinas de la Dirección General de Asuntos Sociales donde se tramitan las ayudas de Dependencia de la Comunidad de Madrid, en la calle Espartinas, ya le conocen de siete sobras. «Hemos debido ir como 30 o 40 veces a llevar documentación o preguntar cuánto tiempo más va a tardar en llegar la ayuda, nos dicen que está a punto, cuando lo haga no nos lo creeremos«, dice resignado Alberto Reyero. Su madre, María Teresa Zubiri, lleva 1.058 sin la ayuda de Dependencia, que su familia solicitó en diciembre de 2007.
Meses antes, en mayo, a María Teresa, ahora de 88 años, le dio un ictus que acabó con su actividad cerebral. «Desde entonces está aquí en la residencia, se alimenta por sonda y se la mueve desde la cama con una grúa; ya no nos reconoce«, cuenta Alberto mientras acaricia la mano de su madre en la residencia Miraflores. «La damos besos y cariño, que sientas que estamos aquí; nunca sabemos qué pasa por su cabeza; está en estado vegetativo, a veces parece que te contesta pero no reacciona».
Junto a su padre Juan, acude todas las semanas a ver a su madre. Juan lo hace todos los días. Jubilado, de 88 años, va en Metro a ver su esposa. «Ha sido todo muy complicado y doloroso«, cuenta Juan, que como su hijo no entiende como todavía no reciben la ayuda, si su mujer fue valorada en agosto de 2008 como gran dependiente. «Antes teníamos algo porque heredamos, pero ya nos lo hemos gastado todo. Gracias a mis hijos puede estar aquí», dice Juan.
En total, pagan 2.000 euros al mes por la plaza en la residencia de María Teresa, que necesita atención profesional constante. «Cada tres meses es un millón de pesetas«, razona Reyero, «algo que para cualquier familia es inasumible; los ahorros de mi madre están consumidos y ahora estamos tirando de los míos«.
Hace un año, la Comunidad de Madrid les ofreció la posibilidad de una plaza en una residencia, algo que rechazaron por varias razones. «A esta residencia mi padre viene en Metro. Las residencias de la Comunidad te las dan en Ciempozuelos o Cercedilla, adonde él no podría ir. Además, hay un truco. Si te dan la residencia no te pagan los efectos retroactivos pero con la prestación económica sí«. Tras tres años, «la cantidad es importante«, y aliviaría la economía familiar. «Sería un respiro importante«, indica Reyero, que trabaja en una empresa energética.
La desazón de Reyero le llevó a crear un blog sobre personas dependientes -noesmadridparaviejos.com para denunciar la situación y mantener contacto con familias en su misma situación. «El caso de mi madre es una realidad de miles de madrileños. Eso hay que cambiarlo«, cuenta Reyero, que reivindica el papel de los mayores. «Son los grandes olvidados, lo han tenido muy difícil, se hacen sus necesidades encima y tendemos a esconderlos en los contenderes llamados residencias, parece como que no existan«.
Reyero incluso ha dado un salto más, a la política -lleva temas de Dependencia en UPyD-, desde la que se puede «cambiar la situación«. «Hay que conseguir que las personas reaccionen, que vean que detrás de los números hay familias que están sufriendo. Cuando decimos que hay 35.000 familias dependientes sin atender es algo muy duro«, incide.
La Consejería de Asuntos Sociales asegura que la ayuda de esta familia está todavía gestionándose porque el solicitante «tardó varios meses en presentar las facturas de la residencia» y que en breve recibirá todo el importe de la prestación.
«Eso es mentira, presenté las facturas cuando me las pidieron«, contesta Reyero, que afirma que el retraso es tan grande que cuando se pusieron a tramitar el último procedimiento le pidieron las facturas de los seis meses de demora «-responsabilidad de la Comunidad-» hasta la fecha de entonces. Y él las entregó pocos días después.
Desde CCOO denuncian que el complejo proceso de solicitudes es particularmente complicado, sobre todo para los mayores. «Se producen situaciones kafkianas, se ha cambiado el procedimiento hasta cuatro veces; es todo un poco caótico. Me he llegado a encontrar un caso en que a una persona con demencia y alzheimer que había solicitado la ayuda se la habían paralizado cuatro meses por tener un DNI caducado«, explica Ana González, responsable de Asuntos Sociales de CCOO.
«Por un DNI caducado no puedes paralizar un proceso de una persona en un estado tan delicado; cuando los solicitantes tienen tanta edad supone una desatención en una situación de riesgo», afirma Gónzalez. En Madrid, el 80% de los 113.711 solicitantes de Dependencia tiene más de 65 años y el 58% más de 80.
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