La incapacitación legal por Alzheimer es una decisión compleja, pero en muchos casos necesaria para proteger a la persona afectada y su patrimonio cuando la enfermedad avanza y la autonomía se ve comprometida.
- La incapacitación legal protege a la persona con Alzheimer y sus bienes.
- El tutor designado debe rendir cuentas periódicas ante el juez.
José Calle tomó esta decisión hace once años, cuando a su mujer le diagnosticaron la enfermedad. Tras informarse en la Fundación Alzheimer España, inició el proceso para incapacitar legalmente a un familiar. “Fue una decisión dura, pero necesaria”, explica.
Actualmente, su esposa vive en una residencia y él ejerce como tutor legal, presentando cada año informes médicos, psicológicos y movimientos bancarios ante el juez, como parte de la tutela legal en Alzheimer.
Qué implica la protección legal en el Alzheimer
Esta medida judicial busca proteger a la persona con demencia cuando ya no puede tomar decisiones de forma segura. No supone un castigo ni una pérdida total de derechos, sino una forma de acompañar legalmente la evolución de la enfermedad.
El juez evalúa personalmente al afectado, escucha a la familia y solicita un informe pericial de un psiquiatra forense. Sin este dictamen, no puede dictarse la declaración de incapacidad legal.
Demencia, autonomía y decisiones difíciles
En España, alrededor del 70 % de los procedimientos de incapacidad están relacionados con algún tipo de demencia, especialmente Alzheimer. La pérdida progresiva de autonomía hace necesaria una protección legal de las personas con demencia.
Esta protección ayuda a evitar abusos, decisiones económicas perjudiciales o conflictos familiares cuando la persona ya no puede gestionar su vida diaria con seguridad.
Por qué cuesta tanto incapacitar a un familiar
Muchas familias viven este proceso como una traición o una renuncia. Sin embargo, jueces y fiscales cumplen una función claramente protectora, orientada al bienestar y la dignidad de la persona afectada.
“La incapacidad es una medida flexible, revisable y proporcional, que se adapta a cada etapa de la enfermedad”.
Además, cuando el diagnóstico es precoz, la tutela judicial puede ajustarse de forma progresiva a la evolución real del Alzheimer.
Quién puede solicitar la incapacitación
La declaración de incapacidad legal puede ser solicitada por:
- La propia persona afectada, si conserva conciencia de su situación.
- Familiares directos: padres, hijos, hermanos, cónyuge o pareja de hecho.
- Médicos, trabajadores sociales o cualquier persona que detecte una situación de riesgo.
Cuando existe peligro para la persona o su patrimonio, la fiscalía puede intervenir tras recibir una comunicación formal.
Cuánto dura el proceso judicial
El tiempo necesario para obtener sentencia depende del juzgado:
- Entre 5 y 8 meses en juzgados especializados.
- Entre 1 y 2 años en juzgados ordinarios.
En muchos casos, la incapacitación se solicita cuando es necesario ingresar al paciente en una residencia y gestionar bienes para afrontar los cuidados.
Una decisión legal para proteger, no para castigar
Solicitar esta medida no significa abandonar ni anular a la persona. Es una herramienta legal pensada para preservar su seguridad, dignidad y calidad de vida cuando el Alzheimer avanza.
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